Consiste en la aportación, financiación o recaudación de recursos o fondos económicos que tengan como fin provocar alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación.

El tipo penal de Financiamiento al Terrorismo está contemplado en el artículo 139 Quáter del Código Penal Federal.

A nivel global, existe una organización encargada de desarrollar y promover políticas para combatir esta práctica delincuencial, así como el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo del que México forma parte desde el año 2000, y que, como señala la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México, “monitorea, a través de evaluaciones mutuas, el grado de implementación y cumplimiento de los estándares internacionales que los países deben implementar… conocidos como las 40 Recomendaciones”.

En México la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos es una unidad administrativa adscrita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que tiene como objetivos participar dentro del régimen preventivo de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (comúnmente conocido como lavado de dinero) y financiamiento al terrorismo, mediante el ejercicio de sus facultades de supervisión (inspección y vigilancia) a los sujetos obligados dentro del sistema financiero a cumplir con la normativa aplicable, así como la atención de requerimientos de autoridad, el seguimiento a su cumplimiento y la automatización de procesos.

Adicionalmente en 2012, se publicó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Esta Ley tiene por objeto proteger al sistema financiero y la economía nacional, al establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la ley, diversas actividades no financieras son consideradas vulnerables, por lo que, en virtud de lo anterior, quienes las realicen deberán presentar Avisos al SAT con el objeto de identificar las operaciones riesgosas.

Participantes en el Régimen Preventivo de Lavado de Dinero: Fiscalía General de la República, Unidad de Inteligencia Financiera, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los Sujetos Obligados, Unidad de Banca, Valores y Ahorro y Unidad de Banca de Desarrollo.

El delito de Lavado de Dinero tiene afectaciones en diferentes niveles, no sólo financieros, también sociales, políticos y económicos, de acuerdo a la UIF. Sus consecuencias pueden impactar en un grado de menor a mayor dependiendo el sector. Algunos ejemplos de éstas son:

Sociales
Puede existir aumento en:

• Pérdidas de víctimas a causa de algún delito cometido, esto incluye directas e indirectas, como pueden ser miedo, inseguridad, muertes, entre otros.
• Ganancias de los criminales que les permita seguir delinquiendo, incrementando así su capacidad operativa y logística.
• Influencia territorial de los criminales, de los cárteles o del aumento o crecimiento de las zonas de influencia.

Políticas

• Genera corrupción.
• Debilitamiento de las instituciones públicas.

Financieras

• Tiene efectos sobre la reputación del sistema financiero y también riesgos para la estabilidad del mismo.

Económicas

• Crea distorsiones en la inversión, el ahorro, el consumo y la disponibilidad de crédito.
• Competencia desleal que genera distorsiones en precios.
• Cambios en importaciones y exportaciones.
• Efectos en la tasa de crecimiento de la economía, la producción, el ingreso y el empleo.
• Menores ingresos del sector público, incluyendo la evasión fiscal.
• Volatilidad del tipo de cambio y del tipo de interés.
• Alteraciones en la demanda de dinero sin explicación económica aparente.
• Distorsiones en los movimientos de capitales tanto entradas como salidas.
• Contaminación de negocios legales por ilegales.

La economía informal, el uso del efectivo en el país y la falta de certeza jurídica en casos de blanqueo de capitales son las principales vulnerabilidades que existen en México y que propician el lavado de dinero, factores que se potencializan con la delincuencia organizada, la corrupción y el nivel de recursos ilícitos generados, esto de acuerdo con los resultados de la segunda Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) coordinada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

De acuerdo con los resultados preliminares de la segunda ENR de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la delincuencia organizada continúa como la principal amenaza de lavado de dinero en México, donde 19 organizaciones delictivas son las que están clasificadas como las de mayor impacto y están involucradas en delitos subyacentes al blanqueo como tráfico de drogas, extorsión, secuestro, tráfico de migrantes y de especies, entre otros.

Cerca de 57% de la población vive en la economía informal, esto propicia un mayor uso de recursos en efectivo, otra de las vulnerabilidades proclives al lavado de dinero, por lo que lo idóneo es tener una población más bancarizada, que utilice al sistema financiero para hacer sus operaciones y así tener una mayor vigilancia.